Un estudio internacional valora el paquete confiscado en 10.270 millones de dólares.
La petrolera española ha admitido "contactos oficiosos y exploratorios", pero rechaza que haya negociación ni oferta alguna por parte del Gobierno argentino.
Repsol no negocia con Argentina, aunque se muestre dispuesta a hacerlo, y se encomienda a la batalla legal abierta para conseguir una compensación justa por la expropiación de su antigua filial YPF. La petrolera española sale al paso de las informaciones que apuntaban a un acuerdo inminente entre ambas partes para resolver el conflicto y lo hace negando la mayor.
"El consejo de administración de Repsol niega la existencia de una negociación", dijo la compañía en un comunicado remitido ayer a la CNMV, y subraya que no puede atribuir el carácter de negociación a los "meros contactos que hayan podido tener lugar, oficiosos, exploratorios o a algún otro a nivel diplomático o en el curso del procedimiento ante el Ciadi", el organismo de arbitraje del Banco Mundial ante el que Repsol ha interpuesto una demanda contra el Gobierno argentino.
En Argentina se da por hecho el acuerdo
La prensa argentina informaba esta semana de que Repsol y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ultiman un pacto que convertiría a la petrolera española de nuevo en socia de su antigua filial. Según el diario La Nación, la Casa Rosada indemnizaría a Repsol por la expropiación de YPF con unos 6.000 millones de dólares (algo más de 4.600 millones de euros) y la compañía española invertiría ese importe en la explotación junto a su antigua filial del macroyacimiento de Vaca Muerta, el principal activo del grupo argentino.
La prensa argentina informaba esta semana de que Repsol y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ultiman un pacto que convertiría a la petrolera española de nuevo en socia de su antigua filial. Según el diario La Nación, la Casa Rosada indemnizaría a Repsol por la expropiación de YPF con unos 6.000 millones de dólares (algo más de 4.600 millones de euros) y la compañía española invertiría ese importe en la explotación junto a su antigua filial del macroyacimiento de Vaca Muerta, el principal activo del grupo argentino.
La prensa argentina señalaba a Isidro Fainé, presidente de La Caixa (el mayor accionista de Repsol, con casi un 13% del capital), como el principal impulsor del acuerdo con YPF y con el Gobierno argentino. De hecho, la agencia Reuters, informó de que el presidente de la entidad habría estado en la Casa Rosada conversando con la presidenta argentina -quizá solo en un contacto oficioso y exploratorio- para alcanzar un acuerdo que evite una larga batalla legal entre Repsol y Argentina por la expropiación.
"Ni Repsol ni su consejo de administración [Fainé es su vicepresidente] están estudiando ningún acuerdo sobre la confiscación de YPF", explicaban esta semana a Expansión.com fuentes de la petrolera española, que se mostraron tajantes en su desmentido sobre las informaciones de la prensa argentina. Repsol se ha mostrado dispuesta a la negociación para pactar una indemnización desde el mismo día de la expropiación. "Pero como no hay negociación, no queda más remedio que seguir con las acciones legales", explicó un portavoz.
En el comunicado de ayer, Repsol apuntaba que las informaciones, que tenían como fuente a YPF y la propia Casa Rosada, podrían ser un síntoma positivo del "reconocimiento del Gobierno argentino de su deber de dar una justa satisfacción económica por la expropiación".
La compensación, al menos 8.000 millones
Según los propios estatutos de YPF, la indemnización quedaría fijada en 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) por la participación del 51% expropiada, y a la que se sumaría los daños y perjuicios por el lucro cesante por las actividades de Repsol en Argentina. Esta misma semana, en paralelo, se conocía un estudio internacional realizado por más de 2.000 profesores de 42 país integrados en la Social Science Research Network que valoraban el paquete confiscado a Repsol en 10.270 millones de dólares.
Según los propios estatutos de YPF, la indemnización quedaría fijada en 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) por la participación del 51% expropiada, y a la que se sumaría los daños y perjuicios por el lucro cesante por las actividades de Repsol en Argentina. Esta misma semana, en paralelo, se conocía un estudio internacional realizado por más de 2.000 profesores de 42 país integrados en la Social Science Research Network que valoraban el paquete confiscado a Repsol en 10.270 millones de dólares.
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