Energía más barata. La tecnología fotovoltaica atraviesa un momento «dulce». «Hemos hecho los deberes», afirma el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. La tecnología, antaño «cara», ha conseguido reducir «un 80% los costes en los últimos cinco años». Y lo mejor, según indica Donoso, es que todavía no ha tocado techo. Aún puede conseguir precios más competitivos. Esta reducción de costes ha provocado que, por ejemplo, en 2013 se alcanzase el récord de 37.000 megavatios instalados. Para este año se espera alcanzar los 55.000 megavatios. Otra buena noticias es que el motor que lleva a instalar tecnología fotovoltaica ya no es únicamente el ambiental, sino también «sus costes competitivos, la garantía de suministro y la eliminación de la volatilidad de precios».
Las trabas. A pesar de estos logros, el sector fotovoltaico en España está de luto. Con la nueva reforma del Gobierno y tras los sucesivos cambios regulatorios, sufrirá un recorte que asciende a 920 millones con respecto a la normativa vigente en el momento de realizar las inversiones. «La nueva ley rompe la seguridad jurídica de las instalaciones, esto no es sólo afecta a nuestro sector, sino a cualquiera, porque se establece el principio de desconfianza del regulado sobre el regulador», opina.
A contracorriente. La investigación mundial se está dirigiendo hacia el autoconsumo, es decir, hacia una mejor integración de la tecnología fotovoltaica en el sistema, de forma que permita acumular energía hasta «independizarse» o incluso vender los excedentes a través de redes inteligentes. «El ciudadano hasta ahora era un sujeto pasivo, pero ahora tiene la posibilidad de elegir entre pagar su recibo o gestionar su energía e incluso intercambiarla con la compañía eléctrica», comenta. De hecho, en Alemania ya se está convirtiendo en realidad. Sin embargo, de aprobarse el borrador del nuevo decreto ley, en España se eliminaría esta opción, ya que «impone un impuesto al consumidor superior al ahorro que le supone la instalación del sistema». Donoso señala que la normativa afecta tanto a usuarios como a empresas, que se ven abocadas al cierre o internacionalización, con el riesgo de una posible «fuga de conocimiento y de puestos de trabajo».
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